Tras los anuncios llega la hora de la verdad. El 1 de abril entró en vigor el nuevo sistema de facturación de la luz, que referencia el precio regulado a la cotización que alcance la electricidad en el mercado mayorista (que es donde las empresas compran la electricidad que luego venden). Una novedad de la que se espera un muy ligero abaratamiento de la factura (se habla de un 3%, tras un encarecimiento del 70% desde 2007), pero que la hace todavía más incomprensible para los consumidores.
Tres opciones para los consumidores domésticos
Ahora, los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC, antigua TUR) se encontrarán con tres posibilidades ante sí. Si en su hogar tienen instalado un contador digital, se le facturará en función del precio que marque la energía en el mercado mayorista en cada hora. Eso supone que el importe de su factura bimestral se habrá calculado sumando 1.440 tarifas diferentes, algo que ajusta el precio al máximo pero que obligará a los consumidores que quieran comprobar su factura a hacer malabarismos. A su disposición se pone una web para consultar la evolución del precio.
Las compañías eléctricas tienen hasta 2018 para completar la instalación de los nuevos aparatos de medición, y se lo están tomando con calma: solo hay instalados unos 3 millones, y por si fuera poco necesitan ser reprogramados para medir conforme al nuevo sistema. ¿Qué ocurre con la mayoría de usuarios que sigue teniendo contadores analógicos? Para ellos se establecerá un precio medio, que calculará Red Eléctrica Española en base a la cotización media del mercado mayorista, y que podrá también consultarse en la web de esta empresa semiestatal.
A esto hay que sumar que se abre una tercera posibilidad, que los consumidores soliciten a su compañía una tarifa 'plana' anual, que deberán ofertar de forma estándar las compañías y que mantendrá el precio invariable durante todo el año a cambio de pagar más. Una opción que puede parecer más sencilla a priori, pero que conlleva salir del mercado regulado y con casi total seguridad un precio más elevado. Los consumidores, en teoría, también pueden negociar el precio de manera individual en el libre mercado con las eléctricas; una opción que suena bien sobre el papel, pero que será difícil llevar a la práctica dado que las empresas tienen la sartén por el mango.
Habrá refacturaciones
En el primer trimestre del año, el precio que fijó el Gobierno para la luz, tras anular las subastas trimestrales, fue de 48 euros/MWh, muy superior frente a los 26 euros/MWh que ha marcado el mercado mayorista. Por eso, las compañías eléctricas deberán devolver al total de los consumidores unos 300 millones de euros por el sobreprecio del primer trimestre, una media de 17 euros por cada usuario de tarifa regulada. El reintegro se hará mediante una refacturación, en la que se calculará lo cobrado de más. Luego será necesaria una segunda refacturación para devolver lo que previsiblemente se va a cobrar de más en el segundo trimestre, hasta que acabe la prórroga de la que disponen las eléctricas para aplicar el nuevo método. La fecha límite para hacer las devoluciones será el 30 de agosto.
Esto va a suponer un lío añadido al cambio de tarifa, del que los consumidores tendrán que estar pendientes para comrpobar que les hacen las devoluciones correctamente.
Información necesaria
Las eléctricas tendrán que mandar en los próximos días un modelo de carta a los consumidores para informarles del cambio en el sistema de cobro. La propia Comisión Europea ha planteado que es necesario que el Gobierno español acompañe la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica con una "campaña de información intensiva" para los consumidores, teniendo en cuenta que la mayoría no contará con un contador "adecuado" de energía hasta 2019.
Un ahorro mínimo
El Ministerio de Industria insiste en que el cambio traerá un ahorro para los consumidores. Será así, pero prácticamente insignificante. No hay que perder de vista que esta medida para calcular la tarifa de la luz llega después de que se aprobara una subida del 18% en el término de potencia del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC, antigua Tarifa de Último Recurso), hasta situarse en los 42,04 euros por kilovatio (kW) y año. Esto supone que la parte fija de la factura, lo que el consumidor va a pagar sí o sí con independencia de su consumo de Kwh, que es lo que en teoría se va a abaratar, es ya el 60% del total de la factura, cuando hace apenas un año era el 35%. Por tanto, aunque el consumidor ahorre en la parte variable, puede llegar a pagar más en su factura.
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