miércoles, 15 de julio de 2015

La Fundación Franco, que sigue siendo legal, amenaza con denunciar a los alcaldes que retiren símbolos franquistas

¿Se imaginan una "Fundación Hitler" en Alemania?, ¿una Fundación Mussolini en Italia? Pues en España, claro, sí es posible la existencia de una "Fundación Franco", para humillación y vejación perpetua de los cientos de miles de víctimas que sufrieron su existencia y su paso por la Jefatura del estado español. Pero no solo eso: además, para elevar al máximo el grado de humillación y vejación de las víctimas, se permite el "lujo" de amenazar con denuncias a quienes osen eliminar nombres de fascistas y de franquistas asesinos y genocidas de las calles. Sí, esto es España.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha amenazado este martes con reprobar y demandar a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de "monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español".

En un comunicado la Fundación trata así de coaccionar a los ediles que recientemente han anunciado que adaptarán los callejeros municipales a la Ley de Memoria Histórica, como en el caso de Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz o Santiago de Compostela.

Para la FNFF, eso no es lo prioritario "ante los graves problemas contra los que clamaron en la campaña electoral", como la malnutrición infantil o los desahucios.

Añade que "la extrema izquierda", el PSOE y los nacionalistas han vuelto a enfrentar a los españoles y "no vacilan en difundir mentiras", especialmente sobre el número de desaparecidos aún por enterrar.

Acusa al PP de ser "responsable del actual clima de discordia por negarse a derogar" la Ley de Memoria Histórica y aplicarla en "numerosos municipios contra el sentir de sus votantes".

A su juicio, si hay que dejar solo en los callejeros a los "intachables demócratas" habría que eliminar también a La Pasionaria, Santiago Carrillo o Lluis Companys.

"Ante esta nueva campaña revanchista", la Fundación propone la derogación "cuanto antes" de la Ley de Memoria Histórica y el respeto a los nombres de las calles y monumentos como testimonio de una época de España, "algunos sufragados por voluntad popular, cuyo juicio debe dejarse a los historiadores y no a los políticos".


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